Las administraciones públicas utilizan los procedimientos sancionadores como herramienta para ejercer su potestad sancionadora. Las infracciones realizadas entre la administración pública y los ciudadanos cuentan con su propia penalización. Así pues, los procedimientos incluye una serie de actos basados en principios que buscan garantizar los derechos de los administrados.
Los principios por los cuales se rigen los procedimientos administrativos sancionadores, son derivados del derecho penal con adaptaciones. Así pues, los principios son los siguientes. Principio de legalidad y tipicidad; Principio de irretroactividad; El principio de proporcionalidad en el procedimiento administrativo sancionador; Principio de responsabilidad; Principio de prescripción; Principio non bis in idem y la continuación de infracciones.
En los procedimientos sancionadores administrativos podemos distinguir tres fases propias al procedimiento y una previa al inicio de este. No obstante, previo al procedimiento, los órganos competentes, realizan actuaciones previas buscando determinar si los hechos acaecidos son causa suficiente para el inicio del procedimiento.
Así pues, una vez comprobado que los hechos son causa suficiente. El primer paso será la notificación al infractor, iniciando el procedimiento por. Propia iniciativa, donde el propio órgano actúa ante lo que ellos consideran una infracción; Orden superior, donde se recibe una orden de un órgano jerárquicamente superior para iniciar el procedimiento; Petición razonada, donde se recibe la petición de otro órgano administrativo el cual no tiene el poder para iniciar el procedimiento y por denuncia, donde una persona es la que presenta una denuncia ante la administración.
En el segundo paso, nos encontramos con la fase de instrucción donde se aportan a todas alegaciones de partes, así como los medios de pruebas pertinentes, siendo este un proceso con un tiempo mínimo de 10 días y máximo de 30 días. Finalmente, en la fase de resolución del procedimiento, se valoran las pruebas ofrecidas, fijándose los hechos, los responsables, las infracciones tipificadas y sus sanciones concurrentes, declarando la absolución en caso de no poder ofrecerlas.
La Administración Pública cuenta con la potestad necesaria para sancionar a aquellas personas las cuales cometen una infracción en su relación con esta. Encontrarse en esta situación nunca será agradable para el demandado. Es un procedimiento difícil de ganar, siendo siempre recomendable contar con unos buenos asesores que te guíen durante todo el proceso.
