Los criptoactivos representan una de las aplicaciones más destacadas de la tecnología blockchain en el ámbito financiero. Esta innovación ha capturado la atención no solo de inversores y entusiastas de la tecnología, sino también de organismos reguladores y autoridades a nivel global, incluyendo la Unión Europea (UE), que se esfuerza por encontrar un equilibrio entre aprovechar sus beneficios y mitigar sus riesgos.
En un esfuerzo coordinado, las instituciones comunitarias buscan establecer un marco común junto con los Estados miembros para regular las criptomonedas. Este enfoque pretende asegurar las oportunidades que ofrecen los criptoactivos, a la vez que se enfrentan sus riesgos inherentes, especialmente aquellos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Para supervisar directamente a ciertas entidades de crédito y financieras consideradas de alto riesgo o que operan a escala transfronteriza, como los proveedores de servicios de criptoactivos, la UE establecerá la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) en Fráncfort. A partir de mediados de 2025, la ALBC desempeñará un papel crucial en la supervisión de estas entidades, realizando evaluaciones e inspecciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Además, se están desarrollando esfuerzos para actualizar las normas relativas a la información que acompaña a las transferencias de fondos, ampliando su aplicación a las transferencias de criptoactivos. Esto tiene como objetivo dificultar el uso indebido de las criptomonedas por parte de delincuentes para fines delictivos.
El acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo amplía la lista de entidades obligadas a incluir nuevos organismos, como proveedores de servicios de criptoactivos, que deberán aplicar medidas de diligencia debida con sus clientes. Esto implica la verificación de información y la notificación de cualquier actividad sospechosa.
Las nuevas regulaciones también establecen un umbral de 1.000 euros para las operaciones que requieren la aplicación de medidas de diligencia debida por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos, añadiendo medidas para mitigar los riesgos asociados con monederos no alojados.
El acuerdo reconoce además que otros sectores, como los comerciantes de artículos de lujo y el sector del fútbol, presentan un alto riesgo, ampliando la lista de entidades obligadas a incluirlos, aunque otorgando a los Estados miembros la flexibilidad de ajustar esta lista en función del nivel de riesgo.
Se han introducido también medidas específicas de diligencia debida para las relaciones de corresponsalía transfronterizas y se establece un límite máximo de 10.000 euros para los pagos en efectivo a nivel de la UE, como parte de los esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales.
El acuerdo provisional establece un marco más claro y transparente respecto a la titularidad real, exigiendo la identificación de las personas que realmente controlan o se benefician de entidades jurídicas, y establece medidas específicas para tratar con terceros países de alto riesgo.
Con estas medidas, la UE no solo busca proteger la integridad de su mercado financiero sino también establecer un precedente en la regulación de los criptoactivos, equilibrando la innovación con la seguridad y el cumplimiento regulatorio.
