En respuesta al impacto económico global generado por eventos como la invasión rusa de Ucrania y el subsiguiente incremento en la inflación, España ha tomado medidas significativas para ajustar la definición de pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro de su marco legal. Este ajuste se realiza mediante la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas y la Ley de Sociedades de Capital, con el objetivo de expandir los límites monetarios que determinan el tamaño de una empresa. Estas acciones se alinean con las directivas más recientes de la Unión Europea, buscando mitigar los efectos adversos de un aumento excepcional en la inflación que, si bien ha incrementado la facturación de las empresas, no necesariamente se ha traducido en mayores beneficios para ellas.

La inflación ha alterado de manera significativa la clasificación de las empresas, forzando a muchas a salir de la categoría de pymes debido al simple hecho de que sus ingresos brutos han superado los umbrales previamente establecidos. Sin embargo, este cambio en la clasificación trae consiguientes cargas administrativas y fiscales adicionales, sin considerar un verdadero crecimiento en la estructura o capacidad operativa de las empresas afectadas. La medida adoptada por el gobierno español, que se encuentra en consulta pública hasta el 23 de febrero, pretende expandir los criterios contables que determinan el tamaño empresarial, aumentando en un 25% los límites de tamaño para ajustarlos a los efectos inflacionarios.

Según la Comisión Europea, esta adaptación de los criterios es necesaria tras observar un incremento acumulado en la inflación de entre el 24,3% y el 27,2% en la zona euro y la Unión Europea respectivamente, desde enero de 2013 hasta marzo de 2023. Con las nuevas regulaciones, el umbral para ser considerado una microempresa, por ejemplo, se eleva de 350.000 a 450.000 euros en el balance general y de 700.000 a 900.000 euros en volumen de negocio neto. Similarmente, los límites para pequeñas y medianas empresas también han sido ajustados hacia arriba.

Este cambio es particularmente beneficioso para España, que cuenta con el mayor número de pymes en la Unión Europea. Al elevar los límites monetarios, se reduce la cantidad de empresas que requieren auditorías obligatorias y se disminuye el número de compañías sujetas a cumplir con directivas de sostenibilidad, lo cual podría traducirse en ahorros significativos tanto en costos únicos como anuales a nivel europeo. Además, con estos nuevos límites, más empresas podrán calificar para ayudas o subvenciones que requieren un máximo de facturación.

A pesar de estos beneficios, hay voces críticas como la CEOE que consideran insuficientes los nuevos límites, argumentando que solo abordan el impacto de la inflación sin considerar otros desafíos del mercado. La normativa europea, sin embargo, establece una revisión quinquenal de estos criterios para ajustarlos según sea necesario, asegurando una adaptación continua a las condiciones económicas cambiantes.

La implementación de estas modificaciones en la legislación nacional es obligatoria para los estados miembros de la UE, y se espera que entre en vigor en el ejercicio fiscal de 2024, aunque existe la posibilidad de aplicarla de manera anticipada. Este paso refleja un esfuerzo por parte de España y la UE para proporcionar un respiro a las pymes, reconociendo la importancia vital que tienen en la economía y buscando protegerlas de las consecuencias no intencionadas de la inflación y otros factores económicos adversos.

Fuente: Cinco Días, Denisse López.

Es la Ley de Sociedades de Capital quien establece en su artículo 263 que las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión, deberán ser revisados por auditor de cuentas siempre que se cumplan los siguientes requisitos durante dos ejercicios consecutivos:

• Activo total superior a 2.850.000 euros.
• Cifra de negocio anual superior a los 5.700.000 euros.
• Número medio de empleados durante el ejercicio superior a 50.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

Cabe señalar que, en el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades quedan exceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior.

Por su parte, la Ley de Auditoría de Cuentas en su Disposición Adicional Primera, establece que, será obligatoria la auditoria de las cuentas anuales correspondiente a todas las sociedades y entidades, con independencia de su forma jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.
• Que emitan obligaciones en oferta pública.
• Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
• Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto.
• Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.